El Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente de la República, ha dado los primeros pasos para el ejercicio de una ciudadanía digital, a través de la cual, entidades y personas naturales y jurídicas, podrán interactuar entre sí, en los distintos trámites que adelantan las entidades del Estado.
A través del Decreto 620 del 2 de mayo de 2020, se reglamentan los siguientes aspectos de la ciudadanía digital:
Esta norma reglamentaria, genera cambios en el ejercicio de derechos ciudadanos y a la vez, obliga a las entidades del Estado a implementar canales para el ejercicio de una ciudadanía digital.
Los ciudadanos de una parte, podrán hacer uso de unos servicios ciudadanos digitales base: interoperativilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital. Estos servicios serán gratuitos.
El servicio de interoperativilidad, será prestado por una Agencia Nacional, que garantizará el correcto flujo de información entre las entidades del Estado; el servicio de autenticación digital, a través del cual se da certeza sobre la persona que ha firmado un documento o permite verificar los atributos digitales de una persona en un trámite o servicio; y el servicio de carpeta ciudadana digital, es el servicio que le permite a los usuarios de servicios ciudadanos digitales acceder al conjunto de sus datos, que tienen o custodian las entidades del Estado.
Estos servicios ciudadanos digitales, facilitarán la interacción de ciudadanos y personas jurídicas, con entidades del Estado, en trámites, servicios, ejercicios de participación, acceso a la información, colaboración y control social, entre otros. Esto permitirá que las nuevas interacciones entre el Estado-ciudadanos, nazcan electrónicas.
Así mismo, los ciudadanos podrán contar con la posibilidad de tener una firma digital, al registrarse como usuarios de los servicios digitales.
Para un pleno ejercicio de la ciudadanía digital, aún está pendiente la implementación de mecanismos de identificación digital a través de una cédula de ciudadanía digital y por biometría, lo cual corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
De otra parte, las entidades del Estado, tendrán una serie de obligaciones, entre las que se destacan:
Los servicios de autenticación digital y carpeta ciudadana digital, permitirán a los ciudadanos y entidades del Estado, interactuar de forma digital, en trámites como: derechos de petición y de acceso a la información; actuaciones administrativas que sigan el procedimiento administrativo general o procedimientos especiales; procedimientos sancionatorios; control social de lo público; oferta de servicios, entre otros.
La reglamentación de los servicios ciudadanos digitales, deberá implementarse en las entidades del Estado, una vez se expida la Guía para la Vinculación y Uso de los Servicios Ciudadanos Digitales, por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.